Casino: el Municipio acatará la medida judicial, pero apelará la suspensión de la subasta

La Municipalidad de Necochea confirmó que fue notificada en el día de la fecha de la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial local, que resolvió suspender la subasta del Complejo Casino prevista para el próximo 11 de febrero de 2026, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa.
Tras conocerse la resolución judicial, el intendente Arturo Rojas afirmó:
“Respetamos la decisión de la Justicia, aunque no la compartimos. Vamos a responder por las vías legales correspondientes, con la solidez técnica de nuestros actos administrativos”.
Según lo resuelto por el magistrado, la medida cautelar ordena suspender los efectos de la Ordenanza N° 12.009/25, al considerar que debió intervenir la Comisión de Preservación como autoridad de aplicación y realizarse previamente una Evaluación de Impacto Ambiental, en relación con los cambios que la norma podría generar dentro del Parque Miguel Lillo.
Desde el Departamento Ejecutivo municipal manifestaron que no comparten el criterio del juez y anunciaron que se interpondrán los recursos legales correspondientes para revertir la medida.
Entre los fundamentos expuestos por el Municipio, se señaló que la normativa vigente establece que la autoridad de aplicación en los casos de desafectación de bienes declarados de interés patrimonial es el Departamento Ejecutivo Municipal, y no la Comisión de Preservación mencionada en el fallo. En ese sentido, se citó el artículo 3° de la Ordenanza N° 4238/00, modificada por la Ordenanza N° 7106/10, que asigna esa responsabilidad al Ejecutivo local.
En cuanto a la exigencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, el Municipio sostuvo que la ordenanza suspendida solo contempla la venta del inmueble en su estado actual, sin prever obras, modificaciones edilicias ni proyectos constructivos. Por lo tanto, se remarcó que la subasta implicaría únicamente un cambio de titularidad dominial, sin acciones susceptibles de generar impactos ambientales negativos que requieran una evaluación previa.
Desde el Ejecutivo aclararon además que cualquier proyecto futuro deberá atravesar los procedimientos legales correspondientes, incluyendo la aprobación de nuevos indicadores urbanísticos y la intervención de la Provincia de Buenos Aires.